Decenas de instituciones y partidos políticos vuelven a intentar que el Gobierno reduzca el 21 % de IVA de las entradas de cine, un coste cuatro veces más elevado que en Francia, Alemania o Italia (un viernes las entradas llegan a costar entre 8 y 10 €). Se trata de unos precios desorbitados que, según algunos miembros del Congreso, son perjudiciales para el espectador y restringen el acceso a la cultura. Los cines, que se ven obligados a incluir promociones todas las semanas, sufren un desangramiento económico.
Esta es la razón que ha movido a PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, Esquerra Republicana, Compromìs y EH Bildu a presentar una enmienda al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 para reducir los impuestos al cine. Todos están de acuerdo salvo el Partido Popular y Ciudadanos, que antaño promulgaba con pasión una disminución del IVA y que ahora se desdice alegando que el partido de Mariano Rajoy tiene previsto reducirlo para 2018.
Lejos de esta oposición infranqueable, el consenso lo forman los partidos de la izquierda política y numerosas instituciones audiovisuales y cinematográficas, como son la Federación de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE), la Federación de Cines de España (FECE) y la Federación de Distribuidoras Cinematográficas (FEDICINE), así como la propia Academia de Cine, entre otros. Todos, sumados al resto de partidos políticos (a excepción de Ciudadanos y PP), conforman una corriente de pensamiento que pretende forzar al Gobierno a establecer de una vez por todas un coste razonable para las entradas de cine. Quizás esta vez lo consigan. O no. O a medias, porque aquí ya no se sabe.
David G. Maciejewski
