El 17 de agosto de 1981 se estrenaba finalmente en España una película que pronto se había sumado a la morbosa lista de películas prohibidas del cine tales como Saló o los 120 días de Sodoma (Pasolini, 1975) o El imperio de los sentidos (Oshima, 1976). Hablamos de El crimen de Cuenca, película dirigida por Pilar Miró que cumple 40 años este 2021 y que narra la historia de un crimen que jamás fue crimen, pero que fue capaz de poner en evidencia a las autoridades judiciales españolas hasta el punto de costarle a la directora la retención de su propia obra y una polémica que alimentó la intrahistoria de la primera película prohibida de la democracia tras Franco.

El Crimen de Cuenca narra la historia verídica del Caso Grimaldos. En 1910, en Osa de la Vega, Cuenca, el pastor José María Grimaldos, apodado “El Cepa” (Guillermo Montesinos), vecino del cercano pueblo de Tresjuncos, desapareció de la noche a la mañana sin dejar rastro. Pese a que su cuerpo jamás fue hallado, dos compañeros suyos, León Sánchez (José Manuel Cervino) y Gregorio Valero (Daniel Dicenta), son acusados primero por la madre, señalados posteriormente por todo un pueblo y procesados finalmente por las autoridades, quienes no dudan en emplear los métodos de tortura más viscerales para extraerles la información de dónde se encuentra el cadáver con el fin de levantar un hito en sus carreras judiciales. Condenados a 18 años de cárcel, tras cumplir 11 de ellos los dos acusados logran la libertad condicional y regresan a un pueblo que les da la espalda tras el recuerdo de sus manos manchadas de sangre. Dos años más tarde y cuando el recuerdo de El Cepa era un fantasma en cal viva de boca en boca, el caso da un nuevo giro cuando la víctima sin cadáver regresa al pueblo de entre los muertos y justicia, autoridades y los propios vecinos han de mirar cara a cara a una realidad que había sido totalmente subvertida. Si El Cepa está vivo, ¿Qué ha sido, pues, este caso?

La historia de este clásico español es más conocida por ser la historia de un laberinto legal y jurídico que por la propia narración de la película en sí. La visión de El Cepa vivo regresando a su hogar era la escandalosa evidencia de un proceso judicial convertido en un enorme fraude público. Rápidamente la acusación contra los dos pastores de una pequeña aldea de Cuenca hiló con un presente de torturas a terroristas en cárceles y comisarías de Euskadi en una época de terrorismo candente que sería bautizada pocos años más tarde como Los años de plomo. Si bien la película de Miró era el reflejo fiel de un sistema injusto todavía vivo en las fuerzas de seguridad y orden del estado, la flamante recién estrenada democracia española, muerto el dictador y con una constitución votada un año antes no podía reconocer una falla evidente en su sistema judicial y en uno de los cuerpos más longevos de la historia del país, la Guardia Civil.

Ante el escándalo de la propuesta, pronto su directora fue procesada por la justicia militar y la película retenida durante dos años hasta 1981, convirtiéndose en la primera película prohibida en España tras la muerte del dictador. Poco entendían las autoridades de lo que años más tarde se llamaría el Efecto Streisand, puesto que la prohibición de la película motivó que oleadas ingentes de personas se agolparan en los cines en el momento de su estreno para ver un filme que, como hemos dicho, pasó a la historia más por la polvareda levantada que por el contenido de la propuesta como tal. Pese al calor asfixiante de ese mes de agosto y todavía con la tensión de un país que había vivido demasiadas veces al límite, las colas por ver la película prohibida hicieron historia y superaron a algunas producciones como En busca del arca perdida (Steven Spielberg, 1981).

Si 1980 empezó con la retirada de todas las copias de la película por orden del Tribunal Militar Permanente, en septiembre del mismo año la Audiencia Provincial de Madrid declaraba que dicho acto había sido una violación de los derechos constitucionales. El caso llegó incluso hasta el propio Congreso de los Diputados, donde el mismísimo presidente Adolfo Suárez impulsó la necesidad de cambiar algunos artículos del Código de Justicia Militar. En marzo de 1981 se dio finalmente luz verde a un estreno que se llevaría a cabo en el caluroso agosto de ese mismo 1981. Meses antes, en febrero del mismo año, el país entero asistió conmocionado el fallido golpe de estado contra la recién estrenada democracia por parte, justamente, de la Benemérita. Mientras tanto, el paso de una copia por el Festival de Berlín de 1980 despertó críticas dispares por la violencia de sus imágenes y la indiferencia de algunas voces que no entendieron del todo la tibieza de un argumento que, si bien contestatario, no merecía una prohibición de la cinta.

Si 1981 fue el año del 23F, cuando la Guardia Civil entró en el Congreso de los Diputados dispuesta a regresar a la España del garrote y la tierra seca, quizá Pilar Miró no estaba equivocada, quizá es cierto que la España de 1910 era, en algunos sentidos, la España de 1979; quizá algunas cosas no cambiaron nunca pese al peso histórico de la malograda Transición.

Javier Alpáñez